El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una nueva advertencia al Gobierno nacional sobre el riesgo de afectar los intereses públicos si se utilizan recursos de las concesiones viales 4G y 5G para otros fines o si se reprograman de manera unilateral.

Esta reiteración se produce luego de que la Contraloría analizara un borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación que permitiría estas modificaciones.

Además: Alias ‘Castor’ anunció cese de homicidios y extorsiones del 'Bloque Resistencia Caribe' hasta el 30 de septiembre

La Contraloría advirtió que una reprogramación unilateral de los aportes o la utilización de los recursos ya presentes en los patrimonios autónomos de estos proyectos podría generar graves afectaciones a los intereses públicos.

El Contralor Rodríguez Becerra señaló que esta medida obligaría a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Nación a pagar intereses remuneratorios y moratorios que no fueron pactados inicialmente, lo que podría derivar en cuantiosas demandas en contra del Estado.

Riesgos de parálisis y demandas millonarias

El comunicado de la Contraloría enfatizó que los contratos de concesión vigentes no permiten condicionar los aportes de vigencias futuras al avance de los proyectos. Si el Gobierno decidiera no realizar los aportes por incumplimientos de los concesionarios, estaría violando el contrato y las cláusulas de sanción ya establecidas.

También: Colegio donde estudia menor desaparecida responde a controversia por declaraciones de su rectora

Adicionalmente, el Contralor Rodríguez Becerra señaló que, "en el evento de que se llegare a presentar un incumplimiento en el aporte de las vigencias futuras a un contrato de concesión, se podría generar una afectación al desarrollo de la ejecución de éste, que incluso podría derivar en una parálisis de la ejecución de las obras y, dependiendo de la magnitud y duración del incumplimiento, podría llegar hasta generar un proyecto terminado anticipadamente e inconcluso".

Finalmente, la Contraloría reiteró que, si bien "es legítima la aspiración del Gobierno nacional de modificar el perfil de aporte de vigencias futuras de la Nación que está pactado en los contratos de concesión vial. Sin embargo, dicha modificación siempre debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes de los mismos, mediante un Otrosí, un Documento Modificatorio, etc, que haya cumplido satisfactoriamente con los requisitos y aprobaciones del Ministerio de Transporte, del CONPES, CONFIS y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como bien se hizo en el trámite inicial que posibilitó la licitación, adjudicación y suscripción de cada contrato de concesión vial".

Esta advertencia ya había sido emitida el pasado 4 de junio de 2025 a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Javier Torres Yarzagaray.